En informe
Ayuntamiento S.C.denuncia hereda
deudas por más de RD$90 millones

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SAN CRISTÓBAL.- El Ayuntamiento de San Cristóbal denunció que ha tenido que alquilar vehículos para ofrecer el servicio de limpieza porque la mayoría de los camiones compactadores fueron desmantelados durante el proceso de transición.

Este cabildo explicó que la situación se ha agravado por una deuda superior a los RD$90 millones heredada de la pasada administración, lo que limita el accionar de las nuevas autoridades encabezadas por el síndico, el periodista José Montás.

Asegura que en los talleres municipales lo que recibió la nueva administración fue un "cementerio de chatarras", porque camiones prácticamente nuevos, fueron "canibalizados”.

En un informe rendido a la Sala Capitular, el secretario del ayuntamiento, José Napoleón Domínguez, sostiene que continúan rastreando propiedades municipales que no aparecen por lo que se ha puesto en marcha una auditoria para establecer la real situación financiera del cabildo.

Agrega que a pesar de esas supuestas precariedades, las nuevas autoridades han emprendido un permanente servicio de recogida de desperdicios, retirando miles de toneladas de desechos acumulados en calles, mercados y hospitales.

"Para nadie es un secreto que este servicio fue abandonado desde que se oficializó la derrota del entonces síndico, Nelson De la Rosa " explica una nota enviada por la Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento de San Cristóbal.

Según el comunicado, simultáneamente con esa tarea, brigadas de la Dirección de Planeamiento Urbano están recuperando las zonas verdes y espacios públicos tomados por particulares.

Asegura que se está notificando a los vendedores ambulantes que han tomado las calles y aceras, así como a los dueños de talleres y negocios que están operando en violación a lo que disponen las leyes municipales y que reiteraron su compromiso de hacer cumplir con "energía, pero sin excesos", la Ley 3455 de Organización Municipal.

Las nuevas autoridades municipales de San Cristóbal advierten a las instituciones públicas y privadas y personas físicas, que “no permitirán la vieja práctica de romper calles y aceras para colocar tuberías y luego dejar abiertas las zanjas, sin pensar en el peligro que representa eso para la población”.